El “cartel de la centolla” evidencia altos grados de colusión y corrupción empresarial en la industria pesquera chilena
El “cartel de la centolla” se suma a otros casos de colusión en recursos como la jibia, erizos o algas, donde empresas controlan lo extraído por pescadores artesanales. Esta corrupción empresarial no solo vulnera la libre competencia, sino que profundiza un modelo extractivista que precariza a las comunidades costeras y pone en riesgo ecosistemas ya sobreexplotados —el 53% de las pesquerías comerciales está colapsada o sobreexplotada.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha expuesto un nuevo capítulo del abusivo y corrupto accionar empresarial que controla el sistema pesquero chileno. Esta vez, la denuncia apunta a la existencia del “cartel” de siete empresas compradoras y procesadoras de los productos del mar, las que durante casi una década (2012-2021) se coludieron para manipular los precios a los cuales iban comprando las producciones de centollas (Lithodes santolla) vivas -exclusivo crustáceo destinado a la exportación-, provenientes de los pescadores artesanales de la Región de Magallanes.
En la actualidad existen ocho ejecutivos acusados de coludirse para intercambiar información sensible y estratégica en los muelles de desembarque, ferias de productos marinos internacionales y en encuentros empresariales, para mantener bajo su control y minimizar el precio de compra de la centolla durante su temporada extractiva.
El oligopolio pesquero empresarial que controla el far west patagónico
Las compañías involucradas en esta práctica habitual en el sector pesquero chileno son: Elaboradora de Alimentos Porvenir (ELDAP), International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp., Sociedad Pesquera Bahía Chilota y la empresa Bakkavör. Entre 2017 y 2021, controlaron entre el 81% y 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales, lo que les dio un dominio casi absoluto sobre los precios y condiciones de compra.
Este oligopolio procesaba en su planta el producto para exportarlo principalmente a China, Estados Unidos y México. Mientras las millonarias ganancias fluían hacia las siete compañías, los 1.881 pescadores inscritos -equivalente al 15,36% de los pescadores de
centolla a nivel nacional-, quedaban atrapados en una abusiva y desigual relación comercial, siendo obligados a vender a los precios fijados de manera colusoria por este grupo empresarial que actuaba como un solo bloque.
La colusión como parte de un depredador y empobrecedor modelo pesquero
Lo revelado por la FNE no es solo un caso aislado de colusión. Se inscribe en una larga lista de abusos del poder del empresariado pesquero industrial en Chile, el cual se ha concentrado a costa de la elaboración de una corrupta ley de pesca, la sobreexplotación del trabajo de las comunidades costeras y del saqueo de los recursos marinos del país.
La existencia de una maquillada y neoliberal “Ley Longueira-Grau” de privatización y entrega gratuita del patrimonio pesquero del país a cuatro grupos familiares y transnacionales -la cual sigue vigente en sus aspectos centrales-, un precario sistema de fiscalización, control y sanciones gubernamentales, unida a activas prácticas de corrupción política y de la burocrática sectorial explica la concentración de las cuotas de pesca en manos de un pequeño número de empresarios, creando un escenario ideal para que se reproduzcan estas acciones anticompetitivas.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, subrayó que, aunque la centolla se exporta casi en su totalidad, “resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.
Industriales de la centolla: Se coluden y manipulan los precios de compra, mientras reciben millonarios subsidios estatales
En la región de Magallanes existen 857 embarcaciones artesanales inscritas para extraer el recurso centolla. Cada año trabajan aproximadamente 400 de ellas, con cuatro o cinco tripulantes cada una, por lo que esta situación estaría afectando al menos 2000 familias anualmente.
El impacto en la vida de los pescadores artesanales de Magallanes del accionar pesquero industrial durante la última década ha sido devastador. Aldo Peña, artesano de la caleta Barranco Amarillo, terminó endeudado con la empresa Bakkavor que compraba sus producciones. “Esto es una sinvergüenzura en contra del sector artesanal. Los costos de salir a extraer la centolla son muy altos, y con este juego de precios muchos quedamos endeudados. Mis lanchas estaban con deudas por 56 millones de pesos.
Como persona natural debía más de 20 millones. Al final, mis embarcaciones fueron embargadas y rematadas. Valían más de 300 millones, pero nunca devolvieron la diferencia. Nos dejaron de brazos cruzados”.
Peña no fue el único afectado. “La lancha Alfa Romeo era mía. Me la quitó empresa Bakkavor. No fue solo esa. Fueron cinco embarcaciones que me dejaron sin nada. Las empresas se llenaron de plata con la Ley Navarino, y nosotros cada vez más endeudados. Somos palos blancos del sistema”.
Según la acusación de los pescadores artesanales, las empresas no solo manipularon los precios para lucrar, sino que además han recibido millonarios beneficios estatales durante los últimos 10 años en que operaba la colusión. La investigación en curso busca determinar responsabilidades y aplicar las multas solicitadas por la FNE, las que superan los US$ 54 millones.
Multas millonarias que no cambian el fondo del problema
La FNE solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicar sanciones históricas: 62.406 UTA ($51.870 millones) contra las empresas y 511 UTA ($424 millones) contra los ocho ejecutivos responsables. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que estas multas suelen terminar siendo solo un costo más en el negocio para las grandes compañías, sin transformar las condiciones estructurales que permiten que los carteles y sus prácticas anticompetitivas y depredadoras prosperen.
Una disputa por el mar y su futuro
Así el “cartel de la centolla” se une al existente en otros recursos, donde un grupo de empresas controlan recursos extraídos por los pescadores artesanales, como son las pesquerías de la jibia, erizos o algas, entre otros, evidenciando que la corrupción empresarial no solo lesiona la libre competencia, sino que profundiza y perpetúa un modelo extractivista que precariza a los pescadores artesanales, amenazando la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, donde el 53% de las pesquerías comerciales se encuentran colapsadas o sobreexplotadas. Lo que está en juego no es solo el precio de un recurso marino de lujo destinado a satisfacer las demandas de los mercados internacionales, sino la posibilidad de construir un sistema pesquero equitativo, fiscalizables y sostenible, orientado hacia el desarrollo de las comunidades costeras y el asegurar la soberanía alimentaria del país.
